El pleno municipal de Alcoy para un nuevo intento de Ortiz y Vectalia de alargar la agonía del parking de la Rosaleda

Ni una telenovela turca tiene tantos capítulos. El aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución, el parking de la Rosaleda, sigue generando noticias y controversia.

Este viernes 31 de julio, el pleno municipal de Alcoy ha tenido que votar si aceptaba la solicitud de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por el grupo Ortiz y Auplasa —del grupo Vectalia— para que se suspendiera el procedimiento de resolución del contrato iniciado por la Alcaldía. El consistorio puso en marcha este expediente una vez finalizados los plazos concedidos para que la concesionaria reabriera el aparcamiento, ya que la concesión sigue vigente.

Con esta petición, la UTE pretende alargar un proceso que, previsiblemente, terminará en los juzgados. Lo que pide es que se paralice la resolución del contrato —es decir, que se detenga el procedimiento que quieres quitarles la concesión— hasta que exista un pronunciamiento judicial. El problema es que todavía no hay ningún juzgado asignado para tramitar el contencioso y, por tanto, pueden pasar meses, o incluso años, antes de que la Justicia se pronuncie.

Han votado en contra de suspender el expediente PSOE, Compromís i Guanyar, mientras que PP y Vox se han abstenido.

 

Por dónde va el procedimiento y qué pasará a continuación

El Ayuntamiento quiere dar por extinguido el contrato porque la concesionaria no ha reabierto el aparcamiento después de las obras y, con ese objetivo, inició el expediente que ya explicamos con detalle en Pagina66. Ortiz y Vectalia pretenden que este procedimiento quede sin efecto hasta que un juzgado les dé o quite la razón, mientras que el consistorio quiere evitar que la situación se alargue durante años y poder volver a poner en funcionamiento el parking. El Gobierno municipal todavía no se ha pronunciado sobre si asumiría directamente la gestión o convocaría un nuevo concurso para que otra empresa explotara el servicio, aunque esta última opción parece ser la más probable.

En el pleno municipal de septiembre, el gobierno llevará a aprobación la respuesta a las alegaciones presentadas por la actual adjudicataria del aparcamiento de la Rosaleda. Sin embargo, la decisión sobre la petición de suspender el expediente debía adoptarse ahora porque el plazo legal era más corto. Si el consistorio no hubiera contestado, Ortiz y Vectalia habrían logrado su objetivo por silencio administrativo.

 

"Lo que no vamos a permitir es que la actual adjudicataria, que hasta ahora ha demostrado que no tiene intención de continuar prestando el servicio, obstaculice el proceso de resolución del contrato. Culminar el procedimiento permitirá al Ayuntamiento solucionar la situación y trabajar para que el aparcamiento vuelva a estar operativo", ha declarado la concejala de Administración Local, Lorena Zamorano.