Las presuntas irregularidades en adjudicaciones y la destitución del jefe del IGS son "dos cosas distintas", según Francés

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha comparecido este jueves 11 de junio en rueda de prensa en referencia a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por las que el Ayuntamiento de Alcoy investiga a una funcionaria del departamento municipal del IGS (Inspección General de Servicios). También ha relatado los motivos que provocaron la destitución del jefe del departamento del IGS y su regreso a la plaza que tenía en propiedad como funcionario.

"Son dos cosas distintas que convergen", han sido las primeras palabras de Francés, quien ha negado lo que ha identificado como una "teoría de la conspiración". El alcalde ha asegurado que las presuntas adjudicaciones irregulares de la funcionaria nada tienen que ver con la sustitución de quien era su responsable. Este último asunto se debe, según el primer edil, a la acumulación de una serie de denuncias por acoso laboral que habían creado un mal ambiente, aunque, una vez estudiadas, no prosperaron.

Antes de detallar uno y otro caso, Toni Francés ha expresado su malestar por la filtración del expediente disciplinario de la funcionaria, un documento reservado y "que yo como alcalde no puedo consultar, ningún concejal puede consultar, ni ningún funcionario puede consultar, porque sólo el instructor tiene acceso". El alcalde ha anunciado que "actuaremos con contundencia" contra la persona o personas que hayan filtrado a Esdiario el expediente "porque se han saltado la ley y los derechos de una persona".

 

Las adjudicaciones irregulares

"Yo no me he enterado por la prensa", ha querido aclarar Francés sobre el caso de las adjudicaciones irregulares. Tal y como ha explicado, "los sistemas de control del Ayuntamiento detectaron unas posibles irregularidades el pasado 13 de febrero". El alcalde ha contado que el siguiente paso fue comunicar la información a Jordi Martínez, concejal responsable del IGS -que incluía Obras, Medio Ambiente, Brigadas, Servicios Externos e Instalaciones Municipales-. Con la información recopilada, el alcalde ordenó abrir un Expediente de Información Reservada, puesto que "existían indicios de una falta muy grave".

Esa falta muy grave sería, presuntamente, haber favorecido a la empresa de un familiar con contratos del Ayuntamiento por un valor aproximado de 400.000 euros. Según ha asegurado Francés, esta situación venía produciéndose desde hacía más de diez años, con cantidades por ejercicio que estarían entre los 20.000 y los 25.000 euros.

"No sabemos cuáles son las relaciones personales de cada funcionario del Ayuntamiento", ha justificado el alcalde para explicar que no se detectara esta presunta práctica durante tanto tiempo. Todo parecía correcto: durante estos años las facturas se han emitido con tres nombres distintos -un autónomo y dos empresas- y siempre se ha cumplido el requisito administrativo de disponer de tres o más presupuestos. Además, la adjudicación se realizaba a la oferta más económica, que siempre era la de las empresas vinculadas a esta persona.

Cualquier funcionario de la administración pública tiene la obligación de inhibirse ante cualquier acción que pueda representar un interés o relación personal, lo que, al parecer, no ha ocurrido en este caso. Lo que hizo saltar las alarmas, según el alcalde, fue que desde el pasado verano los importes de las adjudicaciones se habían incrementado de forma notable. Además, la comprobación de la documentación mostró que una de las empresas adjudicatarias era nueva, se había creado en noviembre y recibía a la mayor parte de los nuevos contratos, normalmente de carácter menor y sin necesidad de concurso público.

Para Toni Francés, "los mecanismos de control del Ayuntamiento han funcionado", porque sólo han tardado dos meses -de noviembre a enero- en detectar la posible irregularidad, contando desde que una nueva empresa empezó a acumular la mayor parte de las adjudicaciones.

El expediente informativo concluyó que existían indicios de irregularidad, por lo que el alcalde ordenó el 12 de mayo la apertura de un segundo procedimiento, un expediente disciplinario que también está reservado. Al frente de este expediente existe un instructor, única persona con acceso a la documentación, que determinará los pasos a seguir.

En caso de que considere que existe un posible delito, el instructor paralizaría el expediente para presentar el caso ante la justicia. Si se trata de falta administrativa, se aplicarían las sanciones previstas en la normativa vigente, incluso un cese de funciones. Si, por el contrario, considera que la funcionaria ha actuado conforme a la ley, el expediente se archivaría.

Actualmente, la persona sobre la que recaen las sospechas no ha sido apartada de sus funciones, pero tampoco se encuentra trabajando, puesto que está de baja médica.

 

La destitución del jefe del Departamento del IGS

El jefe del Departamento del IGS en el que presuntamente no se estaban realizando correctamente las adjudicaciones era un funcionario de carrera desde 2011, que anteriormente había sido personal de confianza de libre designación en gobiernos del Partido Popular.

En 2017, el concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, le ascendió a jefe del Departamento del IGS, coincidiendo con la jubilación del anterior responsable. En ese momento, el nombramiento causó asombro en el ámbito político local, ya que Martínez había criticado, cuando estaba en la oposición, la forma en que había logrado la plaza de funcionario.

Recientemente, esta persona ha regresado a su puesto en la Concejalía de Medio Ambiente. Según el alcalde, la decisión no está relacionada con el caso de las adjudicaciones sospechosas, sino con la voluntad de evitar el mal ambiente que se había creado en el departamento.

Francés ha explicado que a principios de marzo ya finales de abril el Ayuntamiento recibió dos denuncias de personas distintas acusando al jefe del Departamento del IGS de prácticas de acoso laboral. Tras la apertura de los correspondientes expedientes, los técnicos de Personal han determinado que no se puede concluir que haya existido acoso.

Sin embargo, el alcalde le ha destituido y, al mismo tiempo, ha modificado el organigrama municipal para que el Departamento de Medio Ambiente deje de depender de la Inspección General de Servicios.

Actualmente, la responsabilidad administrativa recae temporalmente en uno de los inspectores hasta que, como ha señalado Francés, "se concurse la plaza", lo que significa que no se volverá a cubrir mediante personal de libre designación. El concejal delegado del IGS sigue siendo Jordi Martínez y el de Medio Ambiente, Raül Llopis.

 

Los portavoces de los otros grupos municipales han sido informados

Toni Francés ha explicado al inicio de su comparecencia que, previamente, había mantenido una reunión con los portavoces municipales de PSOE, Compromís, Partido Popular, Guanyar Alcoi y Vox para trasladarles la misma información que posteriormente ha expuesto en rueda de prensa.

Preguntado sobre por qué Jordi Martínez no le acompañaba en la comparecencia, tal y como figuraba en la convocatoria, Francés simplemente ha afirmado que, tras la reunión con los portavoces, lo han decidido así. También ha remarcado que la situación "nada tiene que ver con el partido ni nada".