Vía libre a la rescisión del contrato del parking de la Rosaleda por parte del Ayuntamiento

En el capítulo anterior sobre el parking de la plaza de la Constitución, conocido por la Rosaleda, la situación se quedó en que Ortiz y Auplasa, empresas concesionarias del aparcamiento, tenían 15 días para reabrir la instalación.

Los técnicos municipales rechazaron las alegaciones de la Unión Temporal de Empresas (UTE) por supuestas deficiencias que les impedían abrir, y la incoación del expediente planteado por el Ayuntamiento niega los motivos de la concesionaria y agota la vía administrativa.

Esta incoación del expediente de resolución del contrato se ha tratado en comisión informativa y el dictamen final de los grupos ha sido votos favorables de PSOE, Compromís, PP y Guanyar. Vox se ha abstendido.

¿Qué ocurre ahora con el parking?

Pasados ​​los 15 días que la UTE de Ortiz y Auplasa tenían para reabrir, ahora se exponen a multas diarias. La resolución del contrato por lo que se llama 'incumplimiento palpable' hace que las próximas acciones de la concesionaria sean a través de la vía judicial.

El Ayuntamiento tiene las manos libres para decidir qué hacer con la infraestructura, con dos posibilidades sobre la mesa: que se vuelva a licitar la explotación del aparcamiento para que una empresa lo gestione durante un período determinado a cambio de un dinero para el Ayuntamiento, o bien que el consistorio opte por una gestión pública directa.

La primera opción parece ser más sencilla de llevar a cabo, y probablemente tendría el apoyo del Partido Popular. La segunda, presumiblemente a través de la Empresa Pública Municipal, es la que defiende Guanyar Alcoi y sobre la que ha preguntado al gobierno en varias ocasiones sin obtener respuesta definitiva.

Esta vía libre a poder reabrir las esperadas plazas de aparcamiento no significa que 'la película' acabe, puesto que la posibilidad de la vía judicial continúa en el aire y haría que el proceso se alargara en el tiempo con nuevos recursos de Ortiz y Auplasa. Todo para saber quién pagará, si la empresa por incumplimiento de contrato cuando le restan 25 años de concesión o el Ayuntamiento por recuperar la obra y cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que declaró ilegal la reforma de 2001 por incumplir la normativa de zonas verdes.