El proyecto de 500 chalés para extranjeros en el pantano de Beniarrés genera una fuerte oposición social

El futuro de Planes de la Baronia está sobre la mesa. Una promotora con capital noruego ha presentado un proyecto para construir una gran urbanización de chalés en el entorno del pantano de Beniarrés, una iniciativa que contempla alrededor de 300 viviendas -aunque en su promoción se habla de hasta 500-, con la idea de crear una comunidad residencial orientada principalmente a compradores extranjeros.

El proyecto ha despertado un fuerte movimiento en contra que ya se ha organizado bajo el nombre de 'Salvem Planes, protegemos el Comtat', una plataforma que agrupa a vecinos del municipio y también de otros pueblos de la comarca.

La iniciativa no es nueva en ese espacio. Hace veinte años ya se intentó desarrollar una urbanización similar, conocida como la Joya de Planes, que quedó a medias tras la quiebra de la promotora en plena burbuja inmobiliaria. Hoy todavía se pueden ver restos de ese intento, como tramos de calles o alcantarillado.

Ahora, el proyecto vuelve con fuerza. En verano de 2024 ya se dio a conocer en redes sociales como una eco-villa moderna y autosuficiente, con servicios como escuela o centro de salud. Incluso se ha llegado a construir una vivienda piloto. Y a principios de marzo de 2026, en el último día de plazo, la promotora ha presentado la documentación al Ayuntamiento para poner en marcha el desarrollo urbanístico.

 

Una oposición creciente y organizada

La respuesta no se ha hecho esperar. La plataforma 'Salvem Planes, protegim el Comtat' considera que el proyecto es una "mega urbanización" que puede tener consecuencias graves para el municipio y para el conjunto de la comarca.

El principal argumento es que no se trata de un crecimiento natural del pueblo, sino de la creación de una colonia independiente, habitada mayoritariamente por extranjeros y desvinculada de la vida local. Un modelo que, según denuncian, se ha visto ya en zonas de la costa o en urbanizaciones como Castalla Internacional, con problemas de integración y presión sobre los servicios públicos.

También alertan de que Planes, con unos 700 habitantes, podría verse prácticamente duplicado en población sin disponer de los recursos necesarios para asumirlo. Suministros como agua, gestión de aguas residuales o servicios básicos no están claramente resueltos en el proyecto.

Otro de los puntos de crítica es el impacto sobre el territorio. La urbanización se situaría dentro del paisaje protegido del río Serpis, y además afectaría a elementos patrimoniales como el Mas de la Foia o el Mas Blau, de titularidad municipal y actualmente en estado de deterioro.

Además, denuncian que la idílica imagen que se vende —un lago tranquilo y natural— no se corresponde con la realidad del pantano de Beniarrés, que presenta problemas de contaminación y presencia de mosquitos, aspectos que, según afirman, no se han comunicado a los inversores.

La plataforma también pone en duda la viabilidad legal del proyecto, puesto que el PAI original podría no estar vigente y, en cualquier caso, debería someterse a nuevas normativas ambientales.

Y, más allá del urbanismo, existe preocupación por el modelo social. Consideran que el trabajo que se generaría sería temporal durante la construcción y posteriormente limitado a servicios domésticos. También alertan de que la creación de una escuela propia dentro de la urbanización podría afectar a la escuela pública de Planes, que ya lucha por mantenerse abierta.

 

Una reunión tensa y con muchas preguntas

El pasado domingo 29 de marzo, hubo una reunión informativa para explicar el proyecto. Alrededor de 150 personas -entre vecinos y gente de la comarca- asistieron al acto, que contó con la presencia del alcalde, Javier Sendra, los promotores noruegos, técnicos y asesores.

Los responsables del proyecto defendieron su legalidad, asegurando que el suelo es urbanizable desde 2005 y que cualquier promotor podría desarrollarlo. También destacaron que la iniciativa aportaría ingresos al municipio a través de impuestos y que las viviendas tendrían precios que irían desde los 100.000 euros hasta el millón, con la idea de crear una comunidad económicamente diversa.

Pero el turno de palabra evidenció el malestar. Muchos asistentes expresaron sus dudas y preocupaciones, especialmente por el posible impacto sobre la identidad del pueblo y su capacidad para asumir tal crecimiento.

 

La controversia está abierta: conservar lo que somos o que llegue dinero. Planes se encuentra ante una decisión que marcará su futuro. Y, como ya ha ocurrido otras veces, no sólo el suyo, sino también el de todo el Comtat.